La Ministra del Trabajo y Seguridad Social y el Viceministro de Finanzas y Precios, informan hoy en Mesa Redonda desde el Palacio de la Revolución.

Jueves, Abril 16, 2020 - 11:14

En Cuba se han implementado 20 medidas en materia laboral, salarial y de seguridad social ante la situación que vive el país a causa de la COVID-19, informó este miércoles al intervenir en la Mesa Redonda, Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La titular reafirmó que las administraciones son las principales responsables de aplicar esas medidas, “están obligadas a ponerlas en práctica”.

Una de las facilidades aprobadas es el trabajo a distancia, sobre el cual -dijo- existen muchas dudas. Explicó que el teletrabajo forma parte del trabajo a distancia y requiere conectividad de manera permanente, al realizarse desde casa.

Se trata de una modalidad, refrendada en el Código de Trabajo, que se impulsó en Cuba desde septiembre del pasado año, a partir de la situación energética del país

En el actual contexto ante la propagación de la COVID-19, esta medida contribuye al aislamiento social, de ahí que se deba potenciar, insistió. 

Hasta enero último 5 509 cubanos se habían acogido a la modalidad del trabajo a distancia. En febrero esa cifra ascendió a 111 942, en marzo eran 260 833, mientras que al cierre de ayer se contabilizaron 557 548.

Feitó Cabrera enumeró las garantías que tienen los trabajadores que laboran en su casa, quienes cobran el 100% de su salario y mantienen el estipendio del almuerzo aquellos que lo recibían. 

La titular llamó a las administraciones a que hagan uso de esta modalidad y no esperen por indicaciones. “Todas las administraciones que tengan trabajadores con posibilidades de laborar a distancia, deben convocar su uso”, reafirmó.

Otras medidas implementadas por el MTSS buscan proteger a los grupos vulnerables, como los adultos mayores o las personas que padecen determinadas patologías, cuyo riesgo ante el nuevo coronavirus es mayor.

Ese segmento recibe el primer mes el 100% del salario básico y un 60% a partir del segundo mes. Ya hay 42 382 trabajadores beneficiados con esa garantía, precisó la ministra.

Feitó Cabrera aclaró que esos trabajadores no tienen que presentar ningún certificado médico, porque “no podemos mandar a la gente por gusto a las instalaciones de salud”. A la par, señaló el papel que deben desempeñar los sindicatos en exigir la implementación de las medidas.

Sobre el tratamiento a los interruptos, contabilizados hasta la fecha en 53 573, explicó que “la indicación es priorizar la reubicación laboral”, pues existen muchas plazas que requieren fuerza de trabajo.

El plan nacional para enfrentar la pandemia contempla un paquete de medidas financieras que impactan en el presupuesto, en los créditos y en las relaciones financieras de las empresas con el Presupuesto del Estado, dijo en la Mesa Redonda Vladimir Regueiro Ale, viceministro Primero de Finanzas y Precios (MFP).

El presupuesto estatal, argumentó, es una garantía para poder implementar todas las medidas planificadas.

Pese al escenario de tensiones financieras con las cuales se previó el presupuesto para este año, que limitan la creación de riquezas, el 28% de los montos se concentró en el sector de la salud y la asistencia social. “Esto nos pone en mejores condiciones para enfrentar la pandemia”, manifestó.

No obstante, abundó que esos recursos resultan insuficientes para implementar todas las medidas, como la habilitación de los centros de aislamiento, la atención a los enfermos y otras acciones de logísticas requeridas.

Regueiro Ale subrayó que las empresas tienen la responsabilidad de asegurar el control administrativo de esas garantías salariales a sus trabajadores, así como garantizar con sus recursos el pago de los empleados ante la reubicación laboral u otras afectaciones descritas. En los casos que no resulten suficientes los dineros, interviene el Presupuesto del Estado, precisó.

Hay otras medidas relacionadas con las empresas, cuya creación de riquezas ha sido impactada por limitaciones de insumos o contracción en niveles de actividad. La decisión fue considerar una disminución del tipo impositivo de los pagos a cuenta del impuesto sobre utilidades. 

En este caso las empresas deben asistir a las oficinas de Administración Tributaria y solicitar la adecuación de ese tributo. Aunque también tienen la posibilidad de aplazar los plazos para el pago.

Hasta el momento se han realizado solo 80 trámites, lo cual refleja la responsabilidad de las empresas, aunque ciertamente las incidencias en su liquidez se apreciarán en la medida que avance la situación actual, señaló el vicetitular del MFP.

Con el objetivo de mejorar la situación financiera de las entidades que resulten afectadas debido a la pandemia, también se aprobó la ventaja de que puedan liberar los recursos previstos para pérdidas y contingencias, que como norma lo deben hacer al cierre del año.

 

El resto de la información en la siguiente dirección: http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/04/15/covid-19-en-cuba-aclaracion...

lp/minjus

 

 

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