Para 2025 debe concluir en el país la implementación de la política para el perfeccionamiento del Sistema Registral, a partir de las normas aprobadas y el desarrollo de aplicaciones informáticas de los Registros Públicos, que pertenecen y se subordinan a varios Organismos de la Administración Central del Estado (OACE).
Una primera etapa, explicó Olga Lidia Pérez Díaz, directora General de Notarías y Registros Públicos del Ministerio de Justicia (Minjus), permitió avanzar en los de efectos jurídicos de mayor impacto en los servicios a la población, fundamentalmente los subordinados a ese organismo, como son: el Registro de personas naturales –Registro Civil–; de personas jurídicas, Mercantil y de Asociaciones, y el Registro de la Propiedad inmobiliaria.
Este último, comentó, es el más avanzado con la norma actualizada y el sistema de gestión informática en funcionamiento, en 166 oficinas registrales.
Dentro de los impactos de esa primera etapa resaltó la calidad en los procesos de inscripción, la protección de datos personales, la menor presencialidad en las oficinas registrales a partir de la informatización y el tránsito a la eliminación paulatina del formato en papel.
Resaltó que el Registro Público proporciona seguridad jurídica al tráfico de bienes y derechos por medio de la prestación de un servicio, asegurando dar publicidad formal y material de los actos jurídicos y declarativos de derechos.
«La importancia de la actividad registral radica en que da certeza y confianza al conglomerado de la sociedad, que los actos jurídicos y hechos que se realicen sujetos a inscripción, sean reconocidos por cualquier persona», acotó.
En el camino de llegar a la meta pactada en 2025, sesionó este jueves el Primer Taller para los Registros Públicos. Allí el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, expuso que este pretende impulsar las actividades de perfeccionamiento e informatización para brindar mejores servicios a la población y a las instituciones.
Manifestó que el objetivo es estar en mejores condiciones para que los registros cumplan sus funciones de transparencia, control y protección de datos personales, «que también es otra de las exigencias que tenemos».
El Taller propició la presentación de diseños de medidas para la implementación del Decreto-Ley 335, y continuar con la depuración de registros que hoy se incluyen dentro de los 76 identificados.
Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones, precisó a la prensa que los Registros Públicos son fundamentales para el proceso de transformación digital en el país, agregando que el taller brinda la oportunidad de interactuar sobre cómo lograr una interoperabilidad que permita los enlaces de los datos, fortaleciendo la relación dentro del gobierno.
