Barbados aún lacera el sentimiento de los cubanos, mientras los preceptos legales violados devienen alertas para impedir nuevas acciones.

Han decursado 50 años y en cada uno de ellos el crimen de Barbados duele con más intensidad. 

  Barbados duele porque aquella bomba que el 6 de octubre del año 1976 cercenó la vida de 73 personas tras la voladura en pleno vuelo de un avión cubano, enlutó no solo a familiares y amigos, impactó sobre todo un pueblo.

Todavía, a pesar de los años, es imposible olvidar ¡Cuánta ira reprimida! ¡Cuánta impotencia dentro de pechos que parecían romperse!  ¡Cuántas lagrimas ahogaron en ese instante un clamor de justicia nacido del puño indetenible de obreros, campesinos, intelectuales! De millones de cubanos.

Barbados duele porque los autores de la criminal acción terrorista- dos asesinos de la talla de Luis Posada Carriles y Orlando Bosch- al servicio de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) por sus siglas en inglés, murieron libremente en ese país sin pagar por sus confesos actos. 

Aquellas familias destruidas, los hijos sin padres, las parejas que perdieron sus sueños, los padres que aún después de tantos años lloran la ausencia de los hijos arrebatados, nunca podrán cerrar sus heridas.

 Por eso Barbados duele tanto. No importa si los caídos eran deportistas con un futuro brillante, o si un grupo de ellos ganó todas las medallas de oro en disputa en un torneo regional, Barbados duele porque se vertió sangre inocente y porque le arrebataron a la madre patria una parte importante de sus hijos. 

 Sin embargo, en medio de todo el desprecio y el dolor que estas acciones criminales provocaron y provocan, en ocasiones dejamos de mencionar el impacto de los preceptos legales que el acto terrorista violó.

Ese día se cruzaron líneas rojas del derecho como las relacionadas con las convenciones internacionales a los derechos humanos básicos. Desde la perspectiva del Derecho Internacional, este hecho constituyó una violación flagrante de varios tratados internacionales fundamentales y del Derecho Internacional Consuetudinario, y su naturaleza corresponde a un acto típico de terrorismo apoyado por el Estado.

Si revisamos los convenios internacionales sobre seguridad aérea podremos constatar cómo aún después de aprobados los Convenios de Tokio (1963), el de La Haya (1970) y el Convenio de Montreal (1971) el odio imperial, vestido con el ropaje de asesinos a su servicio, no vaciló en violentar esos textos jurídicos que garantizaban, o pretendían garantizar el derecho de las personas a no ser atacadas en pleno vuelo.

 El Convenio de Montreal refrenda de manera explícita que constituye un delito penal "destruir o dañar ilícita e intencionadamente una aeronave en servicio" o "colocar un artefacto que pueda poner en peligro la seguridad del vuelo". De esa manera, explica el Convenio, colocar una bomba en un avión de pasajeros constituye una indiferencia extrema hacia la vida de las personas a bordo y representa directamente un acto de interferencia ilícita y un crimen contra la seguridad de la aviación civil internacional.  

 Fueron vulnerados también el Derecho de la Guerra y el Derecho Humanitario, pues el asesinato deliberado de personas no combatientes, dígase pasajeros civiles, deportistas, contravino los principios más básicos del Derecho Internacional Humanitario: el principio de Distinción y el principio de Proporcionalidad. Los esgrimistas cubanos- mayoría entre las víctimas- eran deportistas que representaban a su país en una competición, por lo cual pertenecían a la categoría de civiles protegidos. Tomarlos como objetivo equivale a politizar el deporte y el intercambio cultural, y supone un desafío a los límites más elementales de la civilización humana.

Igualmente es ineludible la responsabilidad estatal.  Según los propios documentos desclasificados revelan que la CIA ya conocía en junio de 1976 los planes de organizaciones de exiliados cubanos de volar un avión cubano, e incluso un informante indicó explícitamente que Posada Carriles había asegurado que volarían en pleno vuelo- como sucedió- un avión cubano.

 Sin embargo para nadie es un secreto que aunque los ejecutores directos del crimen fueron condenados a 20 años de prisión en Venezuela, los autores intelectuales, ya en Estados Unidos después de “fugarse” de la prisión, nunca recibieron castigo alguno y esta acción contravino el principio básico del derecho internacional de "extraditar o juzgar", según el cual los Estados tienen la obligación de extraditar o someter a juicio ante sus propios tribunales a los sospechosos de crímenes internacionales graves. Cuando el gobierno norteamericano decidió amparar a sus asesinos, sentó un peligroso precedente porque con ello anuló el sistema jurídico internacional de lucha contra el terrorismo.

Hoy se cumplen 50 años del abominable crimen. Los familiares de los caídos, durante décadas, han sufrido un feroz martirio psicológico que se agudiza en este Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado porque, aunque los autores jamás pagaron por su crimen, la situación actual es propicia también para que se repitan acciones tan deleznables.

Por eso, aunque para algunos los ecos de la explosión del avión de Cubana de Aviación suenan lejanos, las enseñanzas y advertencias no deben desestimarse. ¿Acaso puede soslayarse que, si las acciones terroristas contra aviones de pasajeros que convierten a los civiles en meras fichas del odio político no pueden ser sancionados sin dobles raseros por la justicia internacional con los estándares jurídicos existentes y previamente aceptados, de que vale entonces esa pretendida red de seguridad aérea, sustentada en citados convenios como el ya mencionado de Montreal?

 ¿Hacia dónde irán a parar los preceptos del Derecho Internacional Humanitario, reducidos ahora a meras formalidades que bailaran al son de la fortaleza de los misiles y portaviones de potencias imperialistas?

 El crimen de Barbados y cuanto se hizo para exculpar y proteger a los asesinos confesos de las 73 vidas segadas por el abominable acto, cinco décadas después, constituye aún un golpe demoledor contra el orden jurídico internacional y una demostración de que para los asesinos del imperio ese Derecho Internacional es válido solo cuando preserva sus intereses más bajos.