Nuevo marco legal actualiza el registro de marcas y nombres comerciales

La propiedad industrial como herramienta clave para la economía cubana, entre esos el nuevo marco legal que actualiza el registro de marcas y nombres comerciales, fueron los temas abordados por la Doctora en Ciencias Emilia Horta Herrera en exclusiva para este sitio web.

La también directora general de Legislación, Asesoría Jurídica y Asistencia Legal, del Ministerio de Justicia (Minjus) explicó que la propiedad industrial, como rama de la propiedad intelectual que protege las creaciones científicas e industriales y los signos distintivos, se consolida como un instrumento estratégico en el contexto de las transformaciones económicas que vive Cuba.

Precisamente, acotó, esta propiedad industrial permite a empresas estatales y privadas proteger sus iniciativas, diferencias en el mercado y recibir derechos exclusivos encaminados a incentivar la producción y la innovación.

Además, abundó, la eficacia de este sistema favorece igualmente la inversión extranjera y garantiza el trato nacional a titulares cubanos y extranjeros, lo que promueve una competencia leal.

Es por ello, dijo, que en el actual escenario de actualización del modelo económico cubano, contar con signos propios y una adecuada protección jurídica resulta indispensable para que los actores económicos puedan posicionarse y defender sus activos intangibles.

Horta Herrera expuso que en Cuba los derechos sobre marcas se obtienen mediante su registro en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, registro con carácter constitutivo, que refrenda como el derecho nace con la inscripción, razón por la cual quien desee proteger sus signos en otros países debe registrarlos allí, ya sea país por país, así como mediante vías regionales o internacionales con la representación de un agente de propiedad industrial del territorio correspondiente.

Sin embargo, aclaró la directiva, en el caso de los nombres comerciales el derecho nace con el uso y su registro es meramente declarativo, no constitutivo.

Al repasar el marco regulatorio de todo este proceso, subrayó, encontramos que el Decreto-Ley 103 sobre marcas y nombres comerciales, junto con su reglamento, el Decreto 151 actualizan este proceso de manera para que estén en condiciones de responder a las condiciones económicas del país y a sus compromisos internacionales.

Estas disposiciones, destacó, están publicadas en la Gaceta Oficial, edición ordinaria n.º 50, del 9 de junio de 2026, y disponibles en su sitio web.

Profundizando en la normativa encontramos que establece prohibiciones absolutas y relativas, entre estas últimas, el impedimento de registrar signos que pertenezcan a otros titulares o reproduzcan marcas notorias, aunque estas no estén registradas en Cuba.

Para eso la Directora General recomienda a las empresas contar con signos propios y a sus asesores jurídicos mantenerse actualizados mediante la capacitación y las consultas ofrecidas por las instituciones competentes.

Las marcas y los nombres comerciales tienen una duración de 10 años con posibilidades de renovación, aunque es bueno que la población conozca, expresó, que la protección exige uso: si un signo permanece sin utilizar durante más de tres años, puede solicitarse la caducidad, pues no debe bloquear injustificadamente el acceso de otros a signos disponibles.

Con este fin esas marcas y nombres, los cuales permiten distinguir productos, servicios, empresas, indicar calidad y generar confianza en los consumidores, facilita a los titulares autorizar su uso mediante licencias, recibir remuneración y facilitar su difusión, conservando el derecho de impedir usos iguales o similares no autorizados.

Hoy en Cuba actual que avanza en la implementación de un amplio proceso legislativo, la propiedad industrial ya no es un tema reservado a especialistas, sino un componente transversal de la estrategia económica cubana.

La combinación de un registro constitutivo para las marcas, un sistema declarativo para los nombres comerciales, un marco legal actualizado y la exigencia de uso real configuran un ecosistema que busca equilibrar la protección de los titulares con el acceso legítimo de terceros al mercado. En ese sentido, la capacitación de asesores jurídicos y la difusión de las normas publicadas en la Gaceta Oficial aparecen como condiciones necesarias para que el sistema funcione en la práctica.