El asesor Jurídico: protagonista silencioso pero imprescindible de la vida institucional cubana II

La actualización del modelo económico y la intensa actividad legislativa desarrolladla por Cuba a partir de la implementación de la Constitución del año 2019 han colocado en el centro del debate público la figura del asesor jurídico.

Para nadie es ya un secreto que la labor de ese profesional del Derecho es clave para garantizar la legalidad y la institucionalidad, y que en el seno de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde adquiere un rol preponderante, es precisamente el Ministerio de Justicia algo así como el articulador del soporte legal que requiere el Estado.

Y es que a lo largo de estos últimos años el complejo entramado institucional cubano el asesor jurídico se ha convertido en una pieza cada vez más relevante, ya no es solo aquel profesional, en ocasiones limitado solo a la revisión de textos legales o a la redacción de algunas normativas, pues ahora se mora como  un garante de que cada norma que emana del órgano supremo del poder del Estado se ajuste a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

En el año 2021 el Presidente de la República Miguel Mario Díaz- Canel Bermúdez  destacaba, durante u encuentro con juristas nacionales que el asesoramiento jurídico no es solo para la preparación de las nuevas normas, sino que va  desde la creación misma de las empresas hasta la contratación.

Cinco años después esta afirmación cobra pleno sentido en el contexto legislativo: cada proyecto de ley, cada decreto-ley que se somete a consideración de los diputados requiere un riguroso control de constitucionalidad y legalidad que recae, en primera instancia, en los equipos de asesores jurídicos.

 
Asimismo la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional ejerce la más alta fiscalización de los órganos del Estado y el control primario de constitucionalidad de las normas sometidas  a debate. Detrás de ese control hay un trabajo minucioso de asesoramiento que garantiza la solidez jurídica de cada decisión.

 Y es ahí precisamente dónde el Ministerio de Justicia ejerce como coordinador  del sistema, pues sus funciones, recogidas en el ordenamiento jurídico, lo sitúan como el eje del asesoramiento legal en todo el país, con competencias tan relevantes como la de proponer y ejecutar el Plan Legislativo del Gobierno y participar en el del Estado;  Participar en el asesoramiento jurídico y legislativo al Estado, al Gobierno, a los organismos de la Administración Central del Estado y demás entidades nacionales; Dictaminar acerca de la vigencia de las disposiciones legales y sobre el perfeccionamiento, sistematización y codificación de las normas jurídicas.

 Además le corresponde ejercer la dirección técnica, normativa, metodológica y de control al asesoramiento jurídico a personas jurídicas.

Visto de esta manera y en medio de en un escenario de transformaciones legislativas y económicas, contar con un soporte legal robusto se vuelve condición indispensable para el éxito de cualquier política pública.

 De tal manera la importancia de esta figura ha quedado reflejada en varios instrumentos legales, entre esos el Decreto-Ley 349, de 17 de octubre de 2017, Del asesoramiento jurídico el cual estableció las normas para el asesoramiento jurídico a las personas jurídicas y  un año después la publicación de la Resolución 41 de 2018 del Ministerio de Justicia que aprobó el Reglamento para el ejercicio de la actividad de asesoramiento jurídico.

Todo este amplio entramado normativo ha ido perfeccionándose con el tiempo. En julio de 2025 los diputados cubanos aprobaron la Política para lograr el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones y el fortalecimiento del asesoramiento jurídico y el  presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández, subrayó entonces la necesidad de establecer un control más efectivo y sistemático sobre las leyes que se aprueban, y el rigor en la exigencia de su cumplimiento.

 Sin embargo es bueno destacar que pese a los innegables avances en la materia los retos son significativos, pues  el asesoramiento jurídico requiere de profesionales preparados y éticos capaces de resolver problemas y acompañar los procesos claves del país.

 El derecho – puntualizó Díaz-Canel en su encuentro con juristas, es transversal a todos los procesos que tenemos, y todo lo que vamos a hacer requiere de una fortaleza jurídica”. Por tanto la búsqueda de una mayor participación en el ejercicio legislativo, el acompañamiento desde el nacimiento mismo de las leyes y políticas públicas, y la inclusión más activa en la confección de normas jurídicas son algunos de los desafíos que el propio mandatario planteó a los profesionales del Derecho.

 Y es en este camino, donde el Ministerio de Justicia se erige como el gran coordinador de un sistema que aspira a dotar de la necesaria solidez legal a todas las transformaciones que vive el país. El asesor jurídico, por su parte, deja de ser una figura de segundo plano para convertirse en un protagonista silencioso pero imprescindible de la vida institucional cubana