La Organización de Bufetes Colectivos facilita el acceso a la justicia con enfoque social.

El rol de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos de Cuba (ONBC) como un modelo de acceso a la justicia con enfoque social y protección a los vulnerables, fue el tema abordado en la sección dedicada a temas jurídicos en el programa Ruta 10.

 Al respecto la miembro de la Junta Directiva Nacional de la ONBC y  subdirectora del bufete ubicado en  23 y F. Vedado,  Grettetell  Pérez Tornes, explicó cómo la  organización cuenta con  una política institucional que trasciende la mera prestación de servicios legales para convertirse en un pilar fundamental del acceso efectivo a la justicia, especialmente para los sectores más desprotegidos de la sociedad.

En tal sentido hizo referencia al documento legal interno de la entidad el cual detalla, entre otros importantes aspectos  su misión, su cartera de servicios, y de manera particular, su estrategia de atención diferenciada a los grupos más vulnerables.

La directiva subrayó en el Programa que la ONBC, con alcance nacional e internacional, presta servicios jurídicos especializados  a personas naturales y  jurídicas y garantiza la asistencia, representación y acompañamiento en asuntos de interés para la población en materias como civil, familiar, penal, laboral y mercantil; así  como extiende su cobertura a otras ramas del Derecho, como el tributario, la propiedad intelectual y el derecho de marcas o patentes.

Igualmente destacó que en las actuales circunstancias la institución capacita a sus profesionales sistemáticamente en concordancia con las disposiciones jurídicas de reciente promulgación, como son los casos de la Ley General de la Vivienda, la de Tierras y el Código de Trabajo, pues resultan normativas que generan dudas e intereses en la población y que requieren de una preparación especializada para su correcta interpretación y aplicación.

Al abundar en el tema de la atención diferenciada a los distintos sectores poblacionales, refirió que la premisa fundamental  es asegurar que las dificultades económicas, sociales, familiares, físicas o personales de un ciudadano no se conviertan en un obstáculo para recibir asesoramiento y representación jurídica.

En estos instantes, aseguró la directiva, en la ONBC son frecuentes los requerimientos para garantizar apoyos a personas en situación de discapacidad, los procesos familiares donde se dirimen conflictos relacionados con menores de edad y los procesos asociados a la violencia basada en género.

 En tal sentido, dijo, la Organización no solo ofrece representación, sino que también puede confeccionar los escritos contentivos de las pretensiones o reclamaciones de los ciudadanos para su debida diligencia.  

Pérez Tornes resaltó que para materializar este compromiso, han implementado un conjunto de acciones entre las que se destacan, la de facilitarles el acceso a los servicios jurídicos mediante asistencia jurídica diaria y gratuita en cada una de sus unidades de bufetes colectivos; así como la posibilidad de acceder a una plataforma digital para consultas, accesible a través de la dirección electrónica https://consultas.onbc.cu.

El documento de la ONBC, expresó, subraya la existencia de mecanismos de atención priorizada para personas con escasos recursos económicos, adultos mayores, personas con discapacidad, víctimas de violencia, menores de edad y otras personas en situación de vulnerabilidad, siempre respetando las reglas legales de representación. En estos casos, se aplican tarifas diferenciadas, pautadas por el Estado, y en situaciones de insolvencia se contempla incluso la exención total del pago.

Asimismo, abundó, se evalúa y ofrece la atención domiciliaria cuando las circunstancias físicas o personales impidan al ciudadano acudir al bufete. La divulgación de temas de interés y novedades legislativas —como derechos familiares, laborales, patrimoniales, sucesorios y de vivienda— se realiza a través de redes sociales, radio y televisión, con especial énfasis en aquellos asuntos que afectan a estos grupos poblacionales. La ONBC también cuenta con alianzas institucionales para detectar necesidades jurídicas, orientar a las personas y facilitar las remisiones correspondientes.

A criterio de la miembro de la Junta Directiva la Organización garantiza hoy una atención digna y sin discriminación, asegura la confidencialidad, el respeto, la comunicación accesible, el trato igualitario y la protección de la información personal, y evita que la condición social o económica de una persona afecte la calidad de la asistencia jurídica.

Pérez Tornes  informó que el sustento legal de este servicio diferenciado está refrendado en la Ley 176 del año 2024: Del Ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos; que en su articulado reconoce la responsabilidad de garantizar el acceso al asesoramiento jurídico y a la asistencia profesional, y regulan las consultas gratuitas y la posibilidad de prestar servicios de representación gratuitamente o con rebaja de tarifas a personas en situación de vulnerabilidad u otras circunstancias que pongan en grave riesgo el derecho reclamado.

Sumemos a esto, acotó, el respaldo de la Constitución de la República de Cuba del año 2019, que en varios de sus articulados refrenda también la  igualdad ante la ley; la protección de las personas adultas mayores y de las personas en situación de discapacidad; y el respaldo al acceso a la justicia y el derecho a recibir asistencia jurídica.

Ahora bien, indicó, para acceder a estos beneficios, según los procedimientos establecidos por la institución, la persona debe dirigirse al director del bufete para someter a su consideración la situación económica que le impide el desembolso total o parcial de la tarifa, y es esa autoridad quien adopta las decisiones correspondientes.

A manera de resumen la directiva recalcó que la actuación cotidiana de la ONBC fortalece su función social mediante una política de asistencia jurídica la cual combina la gratuidad de las consultas, la representación gratuita o con rebaja de tarifas en los supuestos previstos legalmente, la atención priorizada, la educación jurídica y la coordinación institucional. La finalidad, subrayó, no se limita a prestar un servicio sino a eliminar las barreras que impiden a las personas vulnerables conocer, ejercer y defender sus derechos.

 Por todo lo expresado instó a la población a acudir al bufete más cercano antes de tomar decisiones legales, porque allí podrán recibir un asesoramiento gratuito de calidad que permita tomar las decisiones correctas según el interés individual.