Asesoramiento Jurídico como garantía de legalidad, seguridad y desarrollo (I)

Desde hace unos años y a partir de las complejas y profundas transformaciones económicas y sociales desarrolladas en Cuba el asesoramiento jurídico constituye un pilar fundamental para garantizar la legalidad, la seguridad y el desarrollo.

 Y es que su concepción actual deviene soporte vital para el funcionamiento del Estado, el sistema empresarial y la protección de los derechos de los ciudadanos.

No es un secreto que a lo largo de la historia de este proceso se ha producido una amplia evolución con su punto más relevante en la implementación del Decreto Ley 349/ 2017, el cual estableció las normas para el asesoramiento jurídico a las personas jurídicas y a otros sujetos autorizados, aunque su importancia trasciende hoy lo meramente normativo.

Sin dudas la figura del asesor jurídico es en estos instantes fundamental en la gestión institucional, tanto en la defensa de los intereses de la entidad como en la prevención de conflictos, pues asume como misión el soporte legal encargado de garantizar que las transformaciones económicas y sociales se realicen con apego a la ley y transparencia.

En este sentido el asesoramiento jurídico a las formas de gestión no estatal deviene actividad de primer orden porque Cuba necesita que este importante sector de la sociedad se desarrolle dentro del marco de la legalidad.

Para eso resulta vital el acompañamiento de la asesoría  Jurídica en la constitución de los negocios de esta variedad de actores económicos, como por ejemplo las Mipymes, las cuales  fundadas sobre la base de sociedades mercantiles con responsabilidad limitada, requieren de la labor especializada de los juristas para su conformación, desarrollo e inscripción en el Registro Mercantil.

 Para eso, el Minjus cuenta con el servicio de siete bufetes especializados y el de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, con personal idóneo en temas como el Derecho Mercantil, la litigación y los asuntos estatutarios, entre otros necesarios para el normal desarrollo de estos actores económicos que en la actualidad ya rebasan la cifra de más de 15 mil.

Y es en este proceso que el Ministerio de Justicia constituye el  organismo encargado de ejercer la dirección técnica, normativa, metodológica y de control sobre esta actividad. Sus funciones, amplias y estratégicas, lo convierten en el guardián de la legalidad en el país.

 En tal sentido y en su rol de Asesoría y Control Integral,  participa en el asesoramiento jurídico y legislativo al Estado, al Gobierno y a los organismos de la Administración Central del Estado. Además, ejerce la dirección y control del asesoramiento jurídico a personas jurídicas, así como la asistencia y representación legal a las personas naturales y de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos a quien le corresponde, en concordancia con lo refrendado en la ley 176 de la Abogacía esa función.

Igualmente deviene  garante de la Fe Pública, pues entre sus responsabilidades  dirige el sistema de registros públicos y el ejercicio de la función notarial.

El asesoramiento jurídico en Cuba es, hoy más que siempre, un pilar de la legalidad y el desarrollo económico. El Ministerio de Justicia, con un rol cada vez más activo y modernizador, se posiciona como el garante de que este proceso se desarrolle con orden, transparencia y justicia. La importancia de su labor radica en que no solo interpreta y aplica la ley, sino que la construye y la acerca a los ciudadanos, directivos y trabajadores en general,  en un esfuerzo constante por fortalecer el Estado de Derecho en la Isla.