Una mirada a las Cooperativas Agropecuarias a la luz del Decreto Ley 76/23
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El pasado 25 de octubre la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó en su edición 73 (extraordinaria) el Decreto Ley 76/ 2023 del Consejo de Estado, De las Cooperativas Agropecuarias, el cual establece el marco jurídico general que regula la organización, constitución, funcionamiento, integración, escisión, fusión, disolución y extinción de esa forma de propiedad.
Firmada por Esteban Lazo Hernández, presidente del Consejo de Estado, la nueva legislación, refrenda la necesidad de actualizar el marco jurídico que las sustenta a partir de las transformaciones que a lo largo de estos años han venido sucediéndose en los sectores agropecuario y forestal y con las miras dirigidas a la necesaria dinamización de la producción en momentos en que se reconoce su vital rol en el desarrollo económico y social de la nación.
Al respecto Stephane Jordan del Pino, coordinadora de la Dirección de Asesoramiento Jurídico del Ministerio de Justicia, profundizó en el rol que desempeña el asesoramiento jurídico en el impulso a esa forma de producción.
La funcionaria considera que las cooperativas agropecuarias en Cuba son vitales en la estrategia de elevar la producción de alimentos para la satisfacción de las necesidades de la población y para eso, entre otros aspectos, es vital que puedan contar con un acompañamiento legal idóneo en todos los procesos fundamentales de su estructura, esencialmente en la contratación económica.
Y nos referimos a la contratación, subrayó, porque pese a ser este un sector especializado en la producción de alimentos y desarrollo ganadero y agropecuario, en materia contractual no ha logrado todavía erradicar limitaciones relacionadas con el resto de los sujetos de la economía en ese proceso.
Por ejemplo, acoto, buena parte de las empresas estatales cuentan con el asesoramiento de juristas especializados en las distintas esferas del Derecho, algo que en el sector agropecuario no ha podido lograrse.
Y es por esto, dijo, que un sector en el cual se agrupan más de 4400 cooperativas agropecuarias, en sus distintas modalidades, el Ministerio de Justicia procura por el establecimiento allí de ese asesoramiento legal.
No obstante estos esfuerzos, en la actualidad solo el 49% de las cooperativas cuentan con asesoramiento jurídico, de estas 82 con asesor jurídico propio aprobado excepcionalmente por el Ministro de Justicia, mientras las restantes reciben el servicio a través de los bufetes colectivos y de las consultorías jurídicas provinciales con representación de abogados y consultores en todo el país, informó Jordan del Pino.
Por eso, argumentó, y en consonancia con la importancia de que estas formas de producción cuenten con acceso a la asesoría jurídica especializada, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros aprobó este primero de julio la Política para el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones jurídicas y el fortalecimiento del asesoramiento jurídico, a partir de la cual el Ministerio de Justicia, de conjunto con las Direcciones de Justicia provinciales y municipales, las empresas de Consultorías Jurídicas y las Unidades de Bufetes Colectivos, estableció un sistema de trabajo con las Direcciones de la Agricultura en los territorios así como con las estructuras de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y las propias cooperativas agropecuarias, destinado a cumplir con las normas aprobadas.
Es bueno puntualizar, aseveró la Coordinadora, que en virtud de garantizar lo refrendado la legislación vigente el Ministerio de Justicia lleva a cabo intercambios con los departamentos de Asesoramiento Jurídico de las Direcciones de Justicia y los consejos de dirección de las Empresas de Consultorías Provinciales para sumar a todos los especialistas, cuadros de dirección y juristas relacionados con este tema para cumplir con lo referido en el Decreto Ley 76 con respecto a la aprobación de los Estatutos de estas cooperativas, el reconocimiento ante notario y su posterior inscripción en el Registro Mercantil.
