Una nave legislativa que enrumba su camino hacia el futuro

Cuando los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su Sexto Periodo de Sesiones de la IX Legislatura, aprobaron el Cronograma Legislativo de la nación que implementaría la nueva Carta Magna del año 2019 todavía no se conocía la magnitud de los daños que la pandemia de la COVID 19 provocaría para el mundo.

 El impacto de tan letal virus influyó de manera decisiva en el desarrollo de la sociedad cubana y golpeó fuertemente la economía. En medio de esa lucha por la sobrevivencia y el mantenimiento de las conquistas alcanzadas por la Revolución, se continuó laborando en el cumplimiento del citado Cronograma.

Como es lógico, la situación epidemiológica impidió el normal desarrollo de la actividad legislativa y, en consecuencia, los diputados cubanos estuvieron forzados a posponer el análisis de un grupo de normas que no pudieron concretarse.

Durante el X Periodo Ordinario de Sesiones de la ANPP en su IX legislatura, Oscar Silvera Martínez, titular de Justicia, actualizó el estado de cumplimiento del cronograma legislativo aprobado e informó que, aunque algunas de las leyes y decretos leyes tuvieron que postergarse para la próxima legislatura, el país aprobó 114 normativas jurídicas de rango superior en estos últimos tiempos.

 Sin dudas, el esfuerzo legislativo de la nación ha sido inmenso. Cada una de esas leyes aprobadas significó largas jornadas de trabajo, consultas, opiniones, nuevas versiones, nuevas consultas.

 El objetivo de todo ello es el de proponer y aprobar normas robustas que resistan el paso del tiempo y que abarquen un amplio abanico de posibilidades que las haga perdurables.

Un buen ejemplo de lo anterior es la redacción y puesta en vigor del nuevo Código de las Familias, después de aprobado en un referendo popular sin referente en la Isla.

 Para eso se redactaron 26 versiones, nacidas de un amplio debate, de consultas populares, de interacción con especialistas del tema y con la sociedad civil. su Implementación, demuestra la validez del proceso.

 Ese es el camino, señaló el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República Miguel Mario Díaz- Canel Bermúez, y para transitarlo con éxito, es necesario profundizar en los contenidos jurídicos que serán sometidos a criterio y aprobación de la ANPP y eso, lleva rigor y tiempo.

 Hoy recuerdo las palabras del líder de la Revolución General de Ejército Raúl Castro Ruz cuando refería que la implementación de los lineamientos económicos y sociales, aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, debía marchar sin prisa, pero sin pausa.

 En mi modesto criterio el inmenso ejercicio legislativo, rectorado por el Ministerio de Justicia en este tiempo, así como el cumplimiento de su misión de asesorar jurídicamente al Estado y al Gobierno, tiene la impronta de la calidad de los textos jurídicos y la de parecerse cada día más a la nación en la cual van a regir.

 Es por ello que en esta ocasión se decidió posponer el estudio, debate y aprobación de 16 leyes:  la Tributaria; de Patrimonio Estatal; de Empresas; de Sociedades Mercantiles; de Protección de los Derechos de los Consumidores; y la de Migración Interna y de Regímenes Laborales Especiales – previstas inicialmente como decretos leyes.

También las de Administración Central del Estado; del Procedimiento Administrativo; de Delitos Militares; de Atención a la Población; de la Vivienda; de Transparencia y Acceso a la Información; de Formas Asociativas; de Salud Pública y el Código de Contravenciones.

Aunque las normas aplazadas son imprescindibles para el desarrollo del país, y el cumplimiento del Cronograma Legislativo vital para la institucionalidad de la Isla, las más de 100 normativas aprobadas en tan corto tiempo hablan por sí solas de la voluntad del Estado y el Gobierno de fortalecer los derechos y garantías de los ciudadanos y consolidar la justicia social y preservar el estado de derecho de la nación.